El Acceso Gratuito a la Educación es un Imperativo Ético
Nos preocupa la situación que aqueja a 27 mil estudiantes que han perdido la gratuidad por exceder el plazo de egreso de sus carreras, situación que afecta a muchas familias que, con esperanza en este beneficio, ven a sus hijos insertos en la educación superior.
El acceso gratuito a la educación para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad es un imperativo ético basado en el desarrollo humano integral, desde donde no podemos ignorar la realidad de estos jóvenes, pues son justamente ellos los que presentan mayores dificultades económicas y cargan con carencias educativas desde su educación básica y media, lo que se constituye en una situación de desventaja.
Dicha situación nos llama a la reflexión acerca de cómo las instituciones de educación superior están generando procesos favorables para el desarrollo formativo de sus estudiantes, cómo se hacen cargo de la sobrecarga académica, qué estrategias se están implementando frente a las carencias que presentan los estudiantes. Sabemos de varias iniciativas y las valoramos, pero sigue siendo un desafío permanente.
Empatizamos con las familias afectada y nos preguntamos si de verdad las políticas públicas están orientadas a la solidaridad y relaciones de reciprocidad. Desde la enseñanza social de la Iglesia apelamos al principio de la subsidiariedad que hace posible una alianza virtuosa de todos los actores sociales para resguardar el sentido de la justicia. La gratuidad ha sido una consigna sensible del clamor estudiantil, especialmente por lo que representa el acceso igualitario a las oportunidades de la educación.
Hacemos un llamado a avanzar en una solución de fondo a este problema, pues sabemos que los jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que han accedido a la gratuidad en los últimos años, requieren más tiempo y otras condiciones para desplegar sus talentos y tener un buen desempeño en sus trayectorias académicas. Preferencialmente nos preocupan aquellos jóvenes insertos en la educación técnico profesional, donde el desafío es aún mayor, pues muchos estudian en horario vespertino, en el día trabajan y provienen de familias que les demandan atención y cuidado.
Nos preocupa también la realidad de las instituciones de educación superior que han acogido la gratuidad y que se ven fuertemente afectadas por la medida del Tribunal Constitucional. Lo anterior nos lleva a mirar la Ley de Educación Superior de manera responsable, especialmente de aquellos que tienen la tarea de legislar. La responsabilidad es de todos y todas, en promover una educación transformadora inclusiva, en igualdad de oportunidades. Creemos que se trata de una gratuidad hacia la inclusión, no solo económica, aquella que permite la universalidad del conocimiento y el desarrollo integral de la persona.
En fin, si queremos y creemos en una sociedad justa e inclusiva, debemos superar la estandarización de las personas y sus procesos, propiciando políticas públicas que acojan la diversidad y la igualdad de oportunidades en los distintos procesos educativos. Hoy nos debe inspirar como sociedad el compromiso de acompañar los procesos de quienes en situación de mayor vulnerabilidad ingresan a la educación superior con la esperanza de ser profesionales y técnicos con el sincero propósito de aportar al bien común.
Desde la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago y de Fundación Puente nos toca ver de cerca la realidad de jóvenes estudiantes en Educación Superior a través de distintas instancias de apoyo, formación y acompañamiento en diferentes espacios de encuentro que proponemos. Nos corresponde, por tanto, atender diversas realidades y reconocemos los grandes esfuerzos que realizan sus familias para perseverar en los estudios.
Pbro. Andrés Moro
Vicario para la Educación del Arzobispado de Santiago
Carolina Farfán
Directora Ejecutiva de la Fundación Puente
Comunicaciones administrator
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